Delia Rodríguez siempre tuvo claro que quería ser abogada y su sueño se cumplió hace más de una década. Entonces comenzó a dar sus primeros pasos ya no solo como letrada, sino también como empresaria fundando su propio despacho: Vestalia Asociados. Están especializados en derecho de familia y penal y, desde hace un año, en derecho animal.
¿Por qué se dedicó al derecho y por qué a la especialidad de familia?
Mi pasión por el derecho es una vocación sobrevenida. Supongo que mi propia infancia ha tenido algo que ver, pues con 9 años, siendo la mayor de tres hermanas, tuve que vivir la separación de mis padres, lo que significó, como para cualquier niño, un antes y un después en mi vida.
Desde muy joven sentí una gran vocación por la protección de la infancia, en general, y por la educación en particular, dedicando gran parte de mis inicios profesionales a la docencia, la organización de eventos infantiles y la coordinación de campamentos y actividades lúdicas y educativas.
Tras un breve paso por la preparación a judicaturas, me sumergí de lleno en el mundo de la protección internacional de los niños, a través de una entidad colaboradora para adopciones, para posteriormente crear y dedicarme de lleno al proyecto Vestalia Abogados de Familia.
¿Han cambiado mucho los procesos de divorcio en los últimos años? ¿En qué?
Si bien la parte procesal y procedimental no ha variado, las medidas en relación a las consecuencias de un divorcio y separación sí se han ido adaptando a los nuevos tiempos, a la consolidación de la mujer en las universidades y en el ámbito laboral, al mayor protagonismo de los padres en la crianza y, cómo no, a las nuevas estructuras familiares y de convivencia que están en continuo cambio, a la par que nuestra sociedad.
Esto se ha traducido en un paulatino aumento de sentencias en las que se acuerda la custodia compartida; si bien todavía nos encontramos múltiples dificultades cuando los padres solicitan este modelo en la vía contenciosa, debiendo acreditar hasta el último detalle para demostrar que son capaces de cuidar a sus hijos, interrogante que, desde luego, no se focaliza de este modo en las madres.
También se han visto reducidas las concesiones de pensiones compensatorias, limitándolas en el tiempo cada vez más, cuando hace un par de décadas lo más normal es que fueran vitalicias.
Esto tiene su base en que las nuevas generaciones de mujeres gozan de formación, experiencia laboral y, en consecuencia, mayor libertad; aunque no menos cierto es que todavía encontramos numerosos contextos familiares en los que la mujer ha renunciado a determinadas oportunidades, con cambios de puesto a categorías de menor responsabilidad o ligeras reducciones de jornada, y esto conlleva diferencias salariales con respecto a los hombres.
Como anunciaba, los tiempos cambian y lo hemos comprobado con la pandemia, tras la cual se ha normalizado en muchos puestos el teletrabajo, lo que está facilitando en muchas familias el ejercicio de una verdadera coparentalidad.
¿Considera que hemos alcanzado la igualdad hombres y mujeres en procesos de divorcio o, por el contrario, las mujeres salen mejor beneficiadas?
Lo anticipaba en mi anterior respuesta. Hay una realidad inequívoca, y es que en un procedimiento contencioso las mujeres parten con una ventaja competitiva importante: se presupone que son buenas madres y que ejercen como tales.
Cuando representamos a los padres, y solicitamos la custodia compartida, el escenario es muy distinto, partimos (en muchos casos), no de cero, sino de -5. Es imprescindible acreditar con un plan de coparentalidad sin fisuras, que ese padre tiene disponibilidad laboral para ocuparse de sus hijos, que tiene capacidad e idoneidad para ello, que ha acudido a médicos y tutorías, y un sinfín más de extremos sin los cuales no están fácil conseguir una custodia compartida.
En los últimos diez años la cifra de custodias compartidas se ha duplicado o incluso triplicado, ¿a qué lo atribuye?
Como exponía, afortunadamente evolucionamos como sociedad, si bien, la problemática que encontramos es que este cambio es muchísimo más rápido que la propia adaptación de nuestras leyes, en muchos casos obsoletas, tanto en su forma como en su contenido, puesto que el lenguaje jurídico empleado refleja una realidad social y familiar que quedó atrás hace décadas.
Ha sido, por tanto, gracias a la jurisprudencia y a la doctrina que se ha ido abriendo camino hacia una tendencia en el derecho de familia más acorde a la realidad y a las necesidades de la infancia. Concretamente desde 2013 hasta la actualidad hemos recabado numerosísimas resoluciones de nuestro Alto Tribunal en las que se evidencia que el modelo de custodia compartida debe ser el preferente, y no una excepción.
Pero no menos cierto es que dentro de las audiencias a lo largo del territorio nacional encontramos criterios más dispares, motivo por el cual el Supremo “ha tirado de las orejas”, y con razón, por no seguir los criterios marcados en materia de custodia compartida.
Por otro lado, analizando las estadísticas, comprobamos además que ese aumento responde en gran medida a asuntos amistosos, no contenciosos, encontrando en estos últimos un aumento mucho más lento, aspecto que no se corresponde con la situación socio-familiar española.
¿Es de las que considera que es mejor un mal acuerdo a un buen juicio?
Depende. Soy una profesional muy conciliadora, pero hay que determinar muy claramente las líneas rojas de nuestros clientes para ser capaces de determinar qué podemos perder o ganar, por decirlo de alguna forma, si vamos a juicio.
Cuando hay discrepancias irreconciliables en el modelo de custodia, porque uno quiera exclusiva y el otro compartida, por ejemplo, el acuerdo es muy complicado, salvo que una de las partes ceda.
¿Cree que los fiscales y los jueces en general están capacitados de verdad para entender las necesidades de los menores?
Nos encontramos de todo, la verdad. Hay juzgados que cuando te tocan, te echas a temblar, porque sabes que su tendencia es, por ejemplo, denegar la custodia compartida por sistema; o, todo lo contrario, otorgarla sin analizar el caso concreto.
También nos encontramos con una problemática muy compleja entorno a la falta de especialización de todos los juzgados que llevan asuntos de familia, produciéndose un trato de primera y de segunda dependiendo del partido judicial o el lugar donde residan los particulares. O la falta de recursos, hay partidos judiciales que siempre celebran sin la presencia del Ministerio Fiscal.
Familia es una especialidad altamente delicada y densa, contrariamente a lo que algunas personas piensan. Es imprescindible apostar por la especialización, y la formación y actualización de conocimientos de todos los operadores jurídicos pues, de lo contrario, no estaremos prestando un servicio a la altura de la importancia de las medidas que se dirimen en este tipo de procedimientos, en los que las personas se juegan lo más importante que tienen: la familia y su patrimonio.
¿Qué opina de la ley trans que afecta a los menores? ¿Cree que tendrá recorrido?
Esperemos que nuestros representantes políticos reculen, puesto que la ley es un auténtico despropósito.
Un completo maltrato a la infancia desde el mismo momento en el que se permite que menores de edad tomen, sin apoyo ni necesidad de informes de médicos, decisiones tan importantes que trascenderán en su yo adulto y que podrían ser irreversibles pasado el tiempo.
España debería mirar en el espejo de otros países que ya están echando marcha atrás al comprobar los estragos psicológicos y físicos causados en muchos niños por este tipo de reformas.
¿Alguna vez ha tenido que renunciar a la defensa de algún cliente porque sus intereses (los del cliente) usted percibe que están por encima del bienestar de los niños?
La verdad que no, hasta ahora, pero no dudaría en hacerlo si se diera el caso. Por lo general, me encuentro muy alineada con los casos familiares que dirijo, puesto que los clientes que vienen a nosotros comparten nuestra máxima en Vestalia, proteger el interés superior de los menores.
¿Cómo valora la labor de Irene Montero al frente de su ministerio con respecto a la infancia?
Creo que se está instrumentalizando la infancia para hacer política, pero se está legislando sin conocimiento de causa, y sin consultar directamente a quienes estamos al pie del cañón y conocemos las deficiencias e insuficiencias del sistema.
Si de verdad se desea proteger a los niños, lo primero que deben hacer nuestros políticos es aumentar los presupuestos para mejorar el sistema de justicia y dotar de personal a los Equipos Técnicos, los Puntos de Encuentro Familiar y los Centros de Atención a la Infancia, entre otros organismos.
Que un progenitor tenga que esperar dos años para que le hagan un informe psicosocial, no es proteger a la infancia. Como tampoco lo es que existan listas de espera con cuarenta familias por delante, para poder iniciar unas visitas en un Punto de Encuentro Familiar. Los daños emocionales en niños y adultos son incalculables e irreparables.
En su despacho han abierto una línea de negocio referente a las custodias de las mascotas. ¿Había realmente esa necesidad?
En Vestalia llevamos años dedicados a la defensa de los animales, especialmente cuando existe una conexión con la separación afectiva de la pareja.
España está a la cabeza de países de la Unión Europea que tienen mascotas, incluso superando a la natalidad, por lo que es una realidad social que debíamos atender.
Nuestra socia, la letrada Adriana Rodríguez, es quien lidera este departamento, y ya hemos dirigido decenas de casos en los que las mascotas han sido protagonistas en las separaciones y divorcios, entre las que hemos encontrado perros, gatos, caballos y agapornis (el pájaro del amor, precisamente).
