Más del 60% de las grandes empresas andaluzas está implementando estrategias activas para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, según los datos del II Estudio de Contratación Social en Andalucía. Elaborado por UNEI, con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el informe analiza la realidad de 100 compañías andaluzas con más de 100 trabajadores, representativas del tejido económico regional.
La contratación social gana peso en Andalucía, según el II Estudio de Contratación Social presentado en Málaga
Un compromiso creciente con la diversidad
Ocho de cada diez grandes empresas en Andalucía califican de alto o muy alto su nivel de concienciación sobre diversidad e inclusión en sus plantillas. Este compromiso se refleja tanto en la incorporación directa de personas con discapacidad como en la contratación social a través de centros especiales de empleo. El 44,8% de las empresas sistematiza la identificación de candidaturas de personas con discapacidad en todos sus procesos de selección y el 56,2% introduce criterios sociales en la elección de proveedores.
Presentación institucional en Málaga
La presentación del estudio tuvo lugar en Málaga, con la participación del alcalde Francisco de la Torre y la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, Victoria Martín Lomeña, acompañados por el director general de UNEI, Rafael Cía, y la directora de Estrategia y Marketing, Inma Ponce; y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez,. El objetivo del informe es contribuir al desarrollo de la diversidad y la inclusión en el mercado laboral andaluz, superando el mero cumplimiento de la Ley General de Discapacidad.
Cumplimiento y retos de la Ley General de Discapacidad
El estudio revela que el 100% de las empresas participantes considera adecuada la existencia de una normativa específica como la Ley General de Discapacidad, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar un 2% de su plantilla a personas con discapacidad. Más del 90% cree que la ley ha fomentado la sensibilidad y la inclusión en el tejido empresarial andaluz, y siete de cada diez empresas consideran adecuado el porcentaje de reserva legal, mientras que casi un 30% lo elevaría.
Actualmente, un 51,4% de las empresas declara cumplir con el mínimo legal, y un 18,9% lo supera, lo que suma más de un 70% que respeta o excede la cuota establecida. Sin embargo, un 29,7% aún no alcanza ese objetivo, principalmente por la dificultad de encontrar perfiles con la cualificación requerida para determinados puestos.
El papel de la contratación social
Ante estas dificultades, seis de cada diez empresas recurren a la contratación social a través de centros especiales de empleo, una fórmula que facilita la inclusión laboral y que se traduce directamente en creación de empleo para personas con discapacidad. Las empresas valoran, sobre todo, la colaboración con entidades expertas en discapacidad (78%) y la posibilidad de contribuir a una sociedad más justa (94%).
La calidad de los servicios es clave en estos procesos: un 82% de las empresas que trabajan con centros especiales de empleo considera fundamental la experiencia en el sector. Además, el 23,4% de las empresas que contratan con estas entidades supera el 2% de empleo de personas con discapacidad, frente al 11,1% de las empresas que no recurren a la contratación social.
Un 22% de las compañías que utiliza la contratación social ya cumple o supera la cuota legal, por lo que no solicita medidas alternativas de cumplimiento.
Fotografia: Lorenzo Carnero
